Una de las funciones fundamentales de la universidad es propiciar la creación de nuevos conocimientos a través de la investigación científica, tecnológica, humanística y social. Esta función se ha convertido en el centro de la evaluación de las universidades en Latinoamérica y en muchos países del mundo.
Sin embargo, la fusión universidad e investigación básica, que ha predominado por muchos años, comienza a ser cuestionada por los elevados costos y porque para muchos, ésta ha sido de marcado carácter documental sin referencias empíricas, de ahí que el avance del Derecho como ciencia ha sido pausado.
La investigación es la que estimula el pensamiento crítico y la creatividad tanto en los docentes como en los alumnos, y en éste ámbito de la enseñanza del Derecho, se ha caracterizado por ser discursiva, memorística y repetitiva, omitiendo la interpretación crítica y creativa que puedan tener los estudiantes, generalmente acostumbrados a un sistema educativo que propicia la pasividad y la sola descripción de los fenómenos jurídicos. En ése sentido, el profesor Jorge Witker[1] establece un diagnóstico del estado actual de la investigación jurídica en América Latina, donde señala que la investigación jurídica se encuentra en una crisis generalizada, siendo varias las causas que tentativamente explican la situación: a) El predominio de la concepción positivista-formalista del derecho. b) El aislamiento de los estudios jurídicos respecto al resto de las ciencias sociales que impiden enfoques globales a los problemas jurídicos. c) Una concepción binaria entre teoría y práctica, externo-interno, ser deber-ser, estructura-función, etc., que parcializa y segmenta el fenómeno jurídico de su contexto socio cultural, y por último, d) Una enseñanza jurídica discursiva, memorística y repetitiva que omite todo juicio crítico y participativo, propio de estudiantes pasivos y esencialmente receptivos. A todo esto se añaden los complicados y no menos complejos retos que la globalidad plantea a los sistemas jurídicos estructurados para regular espacios territoriales ocupados por el derecho positivo vigente. Por ello, urge diseñar una apertura del conocimiento jurídico que permita superar los paradigmas que venimos heredando desde los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo pasado y crear nuevos enfoques que adecuen el derecho a las necesidades de la sociedad actual.
Intentando aproximarnos a un concepto de investigación jurídica, coincidiendo con el criterio de muchos autores, podemos decir que es el conjunto de procedimientos de carácter reflexivo, sistemático, controlado, crítico y creativo, cuyo objetivo es la búsqueda, indagación y el estudio de las normas, los hechos y los valores, considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se desarrollan en la sociedad.[2] Por ello es que la investigación jurídica permite al estudiante estar al tanto de los cambios que se producen en el activo mundo del conocimiento jurídico, donde, con la aparición de las nuevas tecnologías informáticas que hoy se conocen, el alumno buscará los materiales necesarios.
De ahí que, la investigación en las ciencias del Derecho significa una actitud indagadora del estudiante, donde tendrá la misión de elaborar sus propios conceptos a partir de las diferentes posiciones conceptuales que deberá estudiar, por lo cual, supone una actividad creativa, sistemática e interdisciplinaria en la cual existe una interacción entre el sujeto (el investigador) y el objeto (el conocimiento) que se intenta aprender, a decir de Álvarez Undurraga.[3] Además, la investigación en Derecho es un instrumento que intenta superar los procesos memorísticos y reiterativos de datos que aparecen en los códigos y en las leyes, sin una capacidad mínima de análisis, sin reflexión ni interpretación crítica del fenómeno o institución jurídica estudiada. Vista así, la investigación jurídica, se convierte en una herramienta para intentar liberar las mentes de la óptica positivista, normativista y exegética, que reduce el derecho a lo que dicen las normas escritas, sin considerar los contextos económicos, sociales, políticos, culturales y los intereses materiales que determinan la creación y el impacto que tienen estas normas en la sociedad. Debemos afirmar entonces, que el objeto de estudio del Derecho no sólo debe circunscribirse al estudio de las fuentes formales (Constitución, ley, decretos, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, jurisprudencia, costumbre y principios generales del Derecho), sino en mayor escala, a las realidades sociales que definen la eficacia de las normas jurídicas. De ahí que se considera actualmente, que el objeto de investigación del Derecho son las normas, los hechos y los valores, los que ya se ha demostrado que no se dan por separado, coexisten incorporados en una unidad armónica y concreta. El investigador jurídico estudia el mundo objetivo y real donde operan las normas. El conocimiento jurídico entonces, será el resultado de la investigación que se ha realizado en el derecho en el tiempo y en el espacio.
Todo esto hace que la enseñanza de la investigación jurídica a los estudiantes de Derecho, se convierta en una necesidad, en un hecho de trascendental importancia, se estima que las universidades necesitan desarrollar todavía más su potencial investigador, ya que día a día observamos cómo se recogen y sistematizan jurisprudencia, legislación, doctrina, tratados, entre otros, y se incrementa la mediatización de la información en el acceso a los soportes tradicionales. Así, el conocimiento de los ordenamientos jurídicos nacional e internacional se vuelve complejo. De ahí la conveniencia de uniformar y estandarizar los trabajos académicos que contengan investigación, sin perder la particularidad normativa que pueda tener cada institución superior universitaria. Por lo que se estima que las universidades necesitan desarrollar o potenciar todavía más su potencial investigador.
Los estudios del Derecho, debemos recalcarlo, requieren de la investigación documental y empírica con el objetivo de obtener datos o información para analizarlos y tomar decisiones adecuadas, resolver problemas, conocer nuevas teorías y sus desarrollos, profundizar aspectos de la realidad socio-jurídica, conceptos e ideas, revisar documentos y textos existentes, crear nuevos enfoques metodológicos, vincular la teoría con la práctica o el deber ser con el ser o realidad social, evaluar la eficacia de la norma jurídica, diagnosticar y conocer el derecho y evaluar sus innumerables transformaciones; comprobar o verificar hipótesis, ayudar a encontrar datos y respuestas para resolver problemas jurídicos; contribuir a mejorar, reformar o crear nuevas leyes acordes con las necesidades de la comunidad o con el cambio social que estas experimenten; realizar investigaciones que nos permita contribuir con el Estado entregando datos claros y precisos que busquen contribuir a la toma de decisiones de modernización y transformación del sistema judicial y su normativa; y en suma, una serie de finalidades o metas ambiciosas que se pueden alcanzar mediante la promoción de la investigación en el Derecho, tanto en actividades universitarias de pregrado, post grado o en las labores profesionales, interdisciplinarias y en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
Debemos ser conscientes, que las instituciones jurídicas se encuentran dentro de un proceso de constante cambio, teniendo en cuenta sobre todo, la globalización, y la obsolescencia del conocimiento es sumamente acelerada. Tal es así, que la investigación jurídica cumple una función destacada cuando diagnostica un problema, entrega un pronóstico y crea posibles respuestas o soluciones a dichos problemas jurídicos, de esta forma su papel social es determinante en la sociedad. No cabe duda que esto contribuiría mucho al rol que tienen los poderes del Estado, solamente imaginemos qué sería del Poder Legislativo, si priorizara la investigación como aspecto fundamental de la labor normativa, se capacitaría mejor a sus asesores, y, definitivamente, no tendríamos todo el cúmulo de normas sin sentido, vacías e inaplicables por no tener correspondencia con la realidad, ya que son copiadas de otras realidades sociales que nada tienen que ver con la nuestra. Lo que lleva consigo la obligación de las universidades de aumentar la preocupación para hacer más atractiva la carrera investigadora y se subraye la importancia de vincular la educación superior a la investigación.
Se propone un modelo de aprendizaje del Derecho que tome en cuenta a la investigación jurídica como un espacio que enriquezca las posibilidades del estudiante de conocer el Derecho por sí mismo, identificando, planteando y formulando el problema objeto del conocimiento jurídico, analizando e interpretando normas, como dijimos, además de doctrinas y jurisprudencia y buscando posibles soluciones a estos problemas. Para ello resulta indispensable, un curso básico a manera de inducción al conocimiento de las técnicas de investigación socio jurídicas, que sea accesible a los alumnos desde el primer año de la carrera. En este curso, el docente debe enseñar al alumno los pasos que aplicará para redactar un informe breve, sencillo, pero personal y creativo. Finalmente, se debe asumir una posición integral frente al problema, que considere a todos los actores del proceso: docentes, estudiantes, directivos de las Facultades de Derecho, en la valoración de la metodología de la investigación jurídica para que ésta sea un medio que fomente la actividad de la investigación y la producción del conocimiento en las diversas áreas del Derecho.
Es a través de la investigación que el proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización que tanto ha contribuido a formar profesionales pasivos, poco amantes de la innovación, con escasa curiosidad e iniciativa personal. Mientras se forme este tipo de profesionales, habrá siempre una brecha que dejará a los países subdesarrollados cada vez más a la zaga de los países desarrollados.
La razón que justifica la necesidad de investigar en el ámbito jurídico en las universidades es la de preparar individuos con habilidades y conocimientos nuevos que tengan una formación académica adecuada en un mundo en acelerado desarrollo. Y esto es así porque la sociedad requiere capital humano para resolver sus problemas más inmediatos; contribuir a acrecentar ese capital es una de las misiones más importantes que tienen las universidades. La herramienta fundamental para lograrlo es la ciencia; por eso es necesario cultivarla. El insumo más valioso hoy en día es el conocimiento. Es importante finalmente recalcar, que sólo mediante la investigación se podrá formar especialistas en derecho, con la alta calidad que el país requiere; no es posible tener egresados de alto nivel si no se investiga. Hoy en día, la investigación debe estar consolidada, ésta debe ser el eje curricular ya que permite enriquecer la discusión y la creación de conocimientos para generar un cambio de actitud en nuestros alumnos. Podemos decir, que el conocimiento es en buena cuenta, fruto de la tarea investigadora y que docencia e investigación dan consistencia a la figura del profesor universitario.
[1] WITKER J. Hacia una investigación jurídica integrativa. Boletín Mexicano de Derecho Comparad, mayo-agosto, año vol. XLI, número 122. Pp. 944y 945. 2008. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
[2] ALVAREZ Undurraga, G. Curso de Investigación Jurídica (3ª.Ed.). Santiago de Chile. Legal Publishing. P. 249. 2009.
[3] ALVAREZ Undurraga, G. y Zavala, J.L. Metodología de la enseñanza del Derecho: una propuesta para el método de casos y de problemas. Santiago de Chile. Universidad San Sebastián. Agosto. 2008.